El Tribunal Supremo Popular de Cuba consolida el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en aras de agilizar los trámites a la población y optimizar los procesos internos de la organización en todo el país.

En tal sentido, se ha avanzado en el uso de aplicaciones como Civix, a través de la cual la población puede, de forma online, plantear inquietudes y, en un plazo razonable, recibir respuesta, según el sitio web de esa institución.

También se trabaja en otra herramienta que agilice la labor de jueces y personal auxiliar en las salas o departamentos de los tribunales del país.

Aymara Cisneros Catón, jefa del Departamento Informático del Tribunal Provincial Popular, de Santiago de Cuba, explicó que el Expediente Judicial Electrónico (Xejel) se concibe con el objetivo de digitalizar todos los documentos y trámites que forman parte de un expediente impreso o tradicional, posibilitando controlar en tiempo real el estado en el que se encuentra el proceso.

Añadió, además, que puede registrar los datos una sola vez y generar las resoluciones, diligencias y oficios en forma de plantillas predeterminadas, lo que evita errores y agiliza el proceso.

«Desde el segundo semestre del año 2020, esta iniciativa forma parte de las rutinas de trabajo en todas las salas de justicia del Tribunal Supremo Popular, y de esta forma se verifican las posibles correcciones y se crean las condiciones para su extensión a los demás tribunales de la Isla, de manera gradual y progresiva, en la medida en que se complete el equipamiento para poder llegar hasta los órganos municipales. El beneficio será para todos», afirmó Cisneros Catón.

Modifican sedes, denominación y competencias de los tribunales de justicia

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular acordó modificar la denominación, sede y competencia de las estructuras de los tribunales de justicia.
A través de su publicación en la Gaceta también se hizo efectiva la aprobación de que los consejos de gobierno de los tribunales evaluarán, de manera periódica, el impacto y eficacia de su implementación en cada estructura jurisdiccional y unidades de apoyo y, transcurrido un año, rendirán cuenta ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular sobre sus resultados.

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